de qué trataban las normas HB 145, HB 1245 y HB 893 y por qué no fueron aprobadas por el gobernador

Como gobernador de Florida, Ron DeSantis, puede vetar leyes que habían sido aprobadas por la legislatura estatal. Este año, firmó más de 200 proyectos de ley, muchos de los cuales entraron en vigor el 1 de julio, pero también rechazó otros, bajo diferentes argumentos.

A fines de junio, DeSantis firmó el presupuesto para el Año Fiscal 2026-2027. Entonces, publicó en la red social X el siguiente texto: “En los últimos siete años y medio, Florida ha establecido el estándar nacional de gobernanza conservadora, batiendo récords en fortaleza económica, educación y protección del medio ambiente”.

Agrega: “Este presupuesto protege los intereses de los contribuyentes, recorta el gasto por cuarto año consecutivo y realiza inversiones significativas para consolidar los logros en educación, seguridad pública, conservación del medio ambiente, infraestructura y investigación sobre el cáncer”.

Con el objeto de mantener sus políticas conservadoras que, según afirma, han dado resultado, DeSantis se negó a firmar tres proyectos de ley.

El proyecto de ley HB 145, aprobado por la Cámara de Representantes, aumentaba los límites máximos de las indemnizaciones que se pueden recuperar contra una entidad gubernamental. El gobernador considera que esta medida “impone nuevos costos a los contribuyentes” y destaca que “Florida ya cuenta con un proceso de revisión de reclamaciones bien establecido y bien pensado para determinar si se debe otorgar una indemnización superior a los límites legales”.

El proyecto HB 1245, en tanto, creaba nuevas regulaciones para los biosólidos clase AA, los residuos del tratamiento de los lodos de depuradora domésticos. “El proyecto de ley crea regulaciones innecesarias e incluye disposiciones específicas para los proveedores que exigen la inscripción en programas de acreditación de pago creados por una asociación de la industria, en lugar de a través de los mecanismos regulatorios estatales existentes”, expresa de DeSantis al explicar su veto.

Agrega que “el proyecto de ley somete a los propietarios de tierras a onerosos requisitos de registro de información irrelevante para el asunto en cuestión, que sin duda se utilizaría para interponer acciones legales dudosas”.

Luego afirma que “el compromiso de mi administración con la mejora de la calidad del agua es claro, y si bien algunas partes del proyecto de ley pueden respaldar ese objetivo, estos pueden lograrse mediante la supervisión existente tanto del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor como del Departamento de Protección Ambiental”.

El HR 893 es el otro proyecto de ley vetado por el gobernador. Es el que permitía expresamente que una institución financiera mantuviera fondos en una cuenta que generara intereses y que perteneciera a un abogado o bufete de abogados. Exigía a las instituciones financieras que remitieran los intereses y dividendos generados en estas cuentas a entidades autorizadas por la Corte Suprema con el fin de prestar servicios legales gratuitos.

Al explicar las razones del veto, DeSantis dice: “El proyecto de ley HB 893 perpetúa un programa de intereses sobre cuentas fiduciarias (IOTA) de dudosa constitucionalidad”. Agrega que “según la Constitución de Florida, la Corte Suprema tiene jurisdicción exclusiva para regular la admisión de personas al ejercicio de la abogacía y la disciplina de las personas admitidas y el programa IOTA claramente no regula la admisión ni la disciplina de los abogados”.

Entonces, “esta limitada concesión de autoridad regulatoria no puede interpretarse como una facultad plena para regular los modelos de negocio de los abogados o sus firmas, por no hablar de los no abogados y sus empresas”.

“Si bien la usurpación de autoridad regulatoria por parte del Tribunal es muy anterior a su composición actual, no debemos perpetuar los errores del pasado. Firmar el proyecto de ley HB 893 equivaldría, en efecto, a ratificar la constitucionalidad de este acuerdo dudoso”, explica el gobernador.