La eliminación de la Unidad Anticorrupción y Crimen Organizado, dispuesta por el Consejo de la Judicatura, ha generado un escenario de incertidumbre en varios procesos judiciales considerados de alto impacto en Ecuador. La falta de claridad sobre la competencia de los jueces provocó la suspensión o interrupción de audiencias en los casos Encuentro, Goleada y La Reina.

Uno de los procesos afectados es el caso Encuentro, en el que Leonardo Cortázar debía enfrentar una audiencia de juzgamiento por delincuencia organizada, siete meses después de su extradición desde Panamá. Sin embargo, el tribunal decidió no instalar la diligencia debido a que el expediente estaba en manos de la unidad especializada que fue recientemente eliminada.

Los jueces señalaron que necesitan directrices claras para determinar cómo continuar con el proceso. Por esta razón, dejaron sin efecto las fechas previstas para la instalación de la audiencia de juzgamiento, a la espera de una resolución que establezca qué órgano debe asumir la competencia.

El caso Goleada también quedó afectado. La audiencia preparatoria de juicio había comenzado y debía continuar al día siguiente, pero el juez José Cornejo fue notificado sobre la supresión de la Unidad Anticorrupción. Ante esta situación, consideró que ya no tenía competencia para continuar con la diligencia y se inhibió.

Han transcurrido siete días desde esa decisión y el proceso, que involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y otros procesados, permanece sin una definición sobre su continuidad. Uno de los procesados, Raúl Chávez, solicitó que el juez revoque su inhibición y retome la audiencia.

Otro expediente comprometido es el denominado caso La Reina, relacionado con una investigación por presunto lavado de activos contra los hermanos Dieb y vinculado con la exreina de Guayaquil, Nabila Dieb. La audiencia fue suspendida el 9 de septiembre debido a la misma incertidumbre generada por la eliminación de la unidad especializada.

En este caso, la Fiscalía manifestó ante el juez que no existe una disposición suficientemente clara sobre cómo proceder. Para evitar que futuras actuaciones puedan ser cuestionadas y eventualmente generen nulidades, la diligencia fue diferida.

La situación también genera preocupación entre otros jueces que pertenecían a estas unidades. Algunos reconocieron que no tienen claridad sobre si pueden continuar interviniendo en las causas asignadas previamente, debido a que los juzgados especializados fueron suprimidos y, hasta el momento, los expedientes tampoco han sido resorteados.

La expectativa está puesta ahora en el Consejo de la Judicatura, que deberá emitir una directriz aclaratoria o adoptar una nueva resolución para definir el futuro de estos procesos. Mientras eso no ocurra, existe el riesgo de que continúen suspendiéndose audiencias y diligencias judiciales en causas relacionadas con delincuencia organizada y lavado de activos.

La incertidumbre no implica, por sí misma, que los procesos hayan sido archivados o que los procesados hayan quedado libres de responsabilidad. El principal problema actualmente es determinar qué jueces tienen competencia para continuar con las causas y bajo qué procedimiento.

Fuente: Ecuavisa