El presidente electo Abelardo De la Espriella designó esta semana a Ana María Vesga como ministra de Salud, quien tendrá la tarea de liderar la recuperación de un sistema que atraviesa una profunda crisis de atención, financiamiento y confianza.
Su llegada al Ministerio de Salud se conoce después de que el equipo del presidente electo presentara las primeras líneas del plan con el que buscará enfrentar la crisis del sistema durante los primeros meses de Gobierno.
LEA TAMBIÉN
En el marco del Congreso Nacional de Hospitales y Clínicas, Iván Sánchez, vocero del equipo de salud de De la Espriella, anunció un plan de rescate que contempla la movilización de hasta 10 billones de pesos durante los primeros 90 días de Gobierno para atender la emergencia humanitaria, estabilizar las finanzas del sistema y recuperar la confianza entre los distintos actores.
“La primera decisión del Gobierno de Abelardo De la Espriella será poner en marcha su plan de salvamento de 90 días con la determinación de movilizar hasta los 10 billones de pesos a los que se hizo referencia en campaña y hoy son una realidad dentro del marco fiscal y presupuestal correspondiente. No será un cheque en blanco, será una inyección condicionada, priorizada, auditada y trazable”, afirmó.
Según explicó, la distribución inicial de esos recursos prevé destinar hasta 4 billones de pesos para cubrir nóminas atrasadas y deudas críticas con hospitales y clínicas públicas y privadas; 3 billones para garantizar la entrega de medicamentos y reactivar tratamientos interrumpidos; 2 billones para atender la acumulación de pacientes con enfermedades catastróficas y crónicas, y un billón para fortalecer la capacidad de entidades como el Invima.
Iván Sánchez, delegado para el sector salud en el equipo de empalme de Abelardo De la Asprilla. Foto:Cortesía
Sánchez sostuvo que el desembolso estará sujeto a criterios técnicos y de priorización. “No pagaremos por presión mediática ni por cercanía política. Pagaremos según el riesgo del paciente y la evidencia de la obligación. Habrá giro directo, cronograma público de desembolsos, tablero de seguimiento y auditoría concurrente. Cada peso tendrá destino, responsable, fecha y resultado esperado. El rescate no puede convertirse en una etapa de opacidad”, señaló.
El vocero aseguró que la prioridad del nuevo Gobierno será atender la crisis humanitaria que enfrenta el sistema de salud. En ese sentido, indicó que el equipo de empalme ha recibido reportes preliminares que deberán ser verificados y auditados, según los cuales existen más de 900.000 registros y alertas asociados a pacientes con cáncer con atenciones pendientes, interrumpidas o incompletas; cerca de 1,6 millones de pacientes con enfermedades crónicas que enfrentan retrasos en tratamientos o medicamentos y alrededor de 3.000 pacientes trasplantados expuestos a interrupciones en la entrega de medicamentos indispensables para conservar los órganos trasplantados.
Aunque aclaró que esos datos deberán ser depurados, insistió en que no pueden ser ignorados. “No presentaré estas cifras como una verdad estadística cerrada mientras no haya una verificación de esta información, pero tampoco puedo quedarme sin ignorarlas. Para el nuevo Gobierno, una alerta clínica será una persona que debe ser ubicada”, afirmó.
Sánchez también se refirió a la situación financiera del sistema. Citando cifras de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, indicó que la cartera asciende a cerca de 25,7 billones de pesos en 232 instituciones, con una mora del 58 por ciento. Agregó que las EPS intervenidas y bajo vigilancia especial concentran 12,6 billones de pesos de esa deuda y que la red hospitalaria pública reporta obligaciones laborales vencidas superiores a un billón de pesos.
“Cuando un hospital deja de recibir el pago de nómina, el problema no es solamente contable. Se rompe el equipo, se pierde talento, se cierran servicios y el paciente queda frente a una puerta que todavía tiene el letrero, pero no tiene capacidad de respuesta“, aseguró.
Como parte de la estrategia para estabilizar el sistema, el funcionario anunció que el próximo 7 de agosto se instalará una mesa nacional de concertación con participación del Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, la ADRES, la Superintendencia Nacional de Salud, el Departamento Nacional de Planeación, entidades territoriales, EPS, IPS, proveedores, pacientes, trabajadores y sociedades científicas.
El primer objetivo será construir una metodología única para identificar y clasificar las obligaciones acumuladas entre el 7 de agosto de 2022 y el 7 de agosto de 2026, diferenciando las deudas auditadas, las cuentas en revisión, los procesos judiciales y las obligaciones del Estado y de los distintos actores del sistema.
LEA TAMBIÉN
“No todo pasivo contable es una deuda exigible, pero toda deuda cierta debe tener una ruta de pago. Esta será la regla”, sostuvo. Además, explicó que la mesa buscará establecer acuerdos de comportamiento durante la implementación del plan de rescate. Entre ellos, priorizar el pago de nóminas, medicamentos esenciales, tratamientos oncológicos, diálisis, inmunosupresores, atención materno-infantil y servicios de urgencias.
“La concertación no significa impunidad. Quien haya defraudado los recursos va a responder. Quien haya prestado un servicio deberá recibir pago. Quien tenga una controversia legítima contará con un procedimiento rápido para solucionarlo”, afirmó.
Otro de los anuncios fue la instalación, también el 7 de agosto, de una mesa técnica para definir la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de 2027. Según Sánchez, la metodología incorporará variables como la carga real de enfermedad, la multimorbilidad, el envejecimiento de la población, la ruralidad, la dispersión geográfica, los costos efectivos de prestación de los servicios y la inflación médica.
Asimismo, el Gobierno evaluará la posibilidad de realizar un ajuste extraordinario para la UPC de 2026. “La mesa tendrá también un llamado de urgencia para determinar si existe soporte técnico y fiscal para un ajuste transitorio de la UPC de 2026. Si los datos lo recomiendan y el Ministerio de Hacienda encuentra la disponibilidad presupuestal, el Gobierno realizará ese ajuste antes de finalizar el presente año”, dijo.
Sánchez concluyó que el plan de rescate solo será viable si todos los actores del sistema asumen responsabilidades compartidas. “El Estado no puede hacerlo solo. El nuevo Gobierno pondrá recursos, capacidad regulatoria, disciplina presupuestal, coordinación y transparencia. A cambio, pedirá a todos los actores que hagan su parte”, concluyó.
REDACCIÓN SALUD
Información basada y extraída de www.eltiempo.com. Puedes leer la noticia completa en el Link Original de La Noticia.
Comentarios