dice que la condenaron por ser mujer, pero ocho hombres fueron presos por el mismo caso

Cristina Kirchner no se resigna a perder la influencia política en el Partido Justicialista (PJ), que aún preside. Alienta la lucha de poder explícita entre su hijo, Máximo Kirchner, líder de la única agrupación leal a los K, La Cámpora, contra el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, el rival que podría transformarse en el candidato peronista a Presidente en las elecciones del 2027. Lo hace, a pesar de que está presa por corrupción cumpliendo una condena de seis años de encierro, e inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos. Es por haber sido encontrada culpable de malversar multimillonarios fondos públicos en favor del socio de su familia, el constructor de obra pública Lázaro Báez.

Cristina acaba de impulsar una iniciativa única, audaz, ningún detenido por robar dinero estatal había llegado hasta ahora tan lejos, y ella está en su derecho. Contrató abogados extranjeros para que su caso y sus quejas sean revisadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Ni más, ni menos.

El plan ya generó polémica nacional, pero el eje de la presentación de la expresidenta es el más novedoso y controversial. Después de pasar años acusando al Poder Judicial de haber cometido mil tropelías en su contra, de haber denunciado a jueces, fiscales, medios, poderes concentrados, expresidentes y hasta a potencias mundiales de haberse confabulado para sostener un proceso penal con el fin de meterla presa, sumó ahora una variable desconocida que pudo haber manipulado a la Justicia para ordenar su detención: tal cual explicaron sus nuevos defensores internacionales a los medios, uno de los ejes del pedido de revisión de la condena a la ONU es que la expresidenta fue presa debido a que la juzgó un “sistema judicial machista”.

Además de novedoso, el nuevo argumento K sobre por qué pudo ser encontrada culpable de crímenes por cientos de miles de millones de dólares destinados a obra pública, podría perder fuerza si se tiene en cuenta apenas que en el mismo juicio oral y público por el que fue presa Cristina Kirchner, sentencia ratificada después por la Cámara de Casación Federal y que quedó firme por la Corte Suprema Nacional, hubo otros condenados. Presos. Ocho imputados además de la expresidenta fueron culpables de haber cometido delitos en el mismo esquema que ella. Son todos hombres. ¿Y entonces?

El martes de esta semana hablaron en Buenos Aires los nuevos abogados extranjeros, encargados de elevar la revisión del caso Kirchner a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Uno es el brasileño José Valim, cercano a Lula da Silva. El otro es un jurista español, Jorge Borrego. Acompañados del histórico defensor de la exmandataria, Carlos Beraldi, el español Borrego fue el que se centró en que Cristina sea mujer como cuestión central de su condena: “He encontrado muchísimas violaciones y arbitrariedades. ¿Por qué esa hostilidad a la Dra. Kirchner? ¿Porque es mujer? ¿Por qué ha sido la Dra. Kirchner dos veces presidenta? Y una cosa curiosa: en la judicatura y en la fiscalía argentina hay mayoría de mujeres; Cristina Fernández de Kirchner ha conocido cuatro instancias, y no ha coincidido con ninguna mujer fiscal ni juez”.

El escrito ante la ONU también pone en duda el accionar procesal de la instrucción del caso, la validez de los peritos que analizaron las pruebas, todas cuestiones que habían sido saldadas en mil apelaciones (el número es metafórico) presentadas por la defensa K ante todos los tribunales de alzada posibles.

Pero fue la propia Cristina Kirchner la que alimentó su nueva acusación de “machismo” contra la Justicia en dos columnas que publicó esta semana en el diario El País, de España, y Libération, de Francia.

Kirchner insiste con esta nueva idea que llevó, nada más ni nada menos, que a una discusión presentada en la ONU: “Estamos frente a graves violaciones de derechos humanos, nacidas de un machismo estructural que todavía subsiste en sectores del sistema judicial argentino”, se quejó ella.

Y agregó en el mismo sentido, pero esta vez para atacar su imposibilidad de ser candidata o de ocupar cargos públicos, algo que prevé la Ley que ocurra con los condenados por corrupción: “No se trata solamente de la persecución contra la única mujer electa y reelecta para ejercer la Presidencia de la Nación Argentina. Se trata del intento de excluir de la vida política a una dirigente elegida democráticamente por millones de ciudadanos. Cuando esto ocurre, la violación deja de afectar únicamente a quien ocupa el banquillo de los acusados. Alcanza el derecho político de cada elector a elegir libremente a sus representantes”.

Como se dijo, esta iniciativa judicial que lleva su causa al exterior, como todas las acciones de Cristina, busca tener un efecto en la interna nacional del peronismo. Es el lugar en el que ella ejerce, a pesar de todo, cierto poder. No quiere perderlo.

Su plan en la ONU, sin embargo, es un gesto de debilidad frente a una dirigencia que antes la veneraba.

El anuncio de llevar la causa Vialidad a ese organismo multilateral generó discusiones mediáticas entre académicos y abogados respecto a su posible efectividad, un resurgimiento de la brutal pelea entre La Cámpora y Kicillof, pero no hubo manifestaciones callejeras apoyando a la expresidenta como solía haber en el pasado no tan lejano ante decisiones de este calibre. El tiempo dirá.

Los olvidados en esta trama son nada más ni nada menos que ocho exfuncionarios y el socio de los Kirchner que fueron presos tras la misma sentencia que condenó a Cristina.

La expresidenta jamás, nunca, los defiende en público, ni dice que también fueron víctimas de los conjuros que enumera la afectaron a ella. Ocurre que ahora, al denunciar que fue víctima de un sistema “machista” que opera en la Justicia, debería explicar mejor, tal vez, qué pasó en esta historia de persecuciones atroces, siempre según su versión.

La misma condena que llevó al arresto domiciliario de Cristina, sentenció que eran culpables el empresario y socio de los Kirchner, Lázaro Báez: le dieron seis años de prisión por ser partícipe necesario de la malversación.

También el emblemático exsecretario de Obras Públicas K, José López: autor de administración fraudulenta, seis años.

Nelson Periotti, extitular de Vialidad Nacional, fue el único defendido en los medios por Máximo Kirchner: recibió seis años de cárcel por administración fraudulenta.

En esta historia tuvo también un importante rol Mauricio Collareda, a cargo del Distrito 23 de Vialidad Nacional, o sea, Santa Cruz. Cuatro años por ser autor del delito antes mencionado.

Quien fue el titular del Distrito 23 de Santa Cruz de Vialidad Nacional, Raúl Daruich, tuvo una condena de tres años de cárcel.

Raúl Pavesi, expresidente de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz: cuatro años y seis meses de prisión.

Otro exfuncionario que ocupó el mismo cargo que Pavesi, José Santibáñez, también condenado a cuatro años.

La misma pena cumple hoy Juan Carlos Villafañe, también extitular de la Administración de Vialidad de Santa Cruz.

Más allá de eso, ninguno se quejó nunca de la falta de garantías en este proceso y menos aún alguno de ellos apeló a un organismo internacional para rever el caso.

Salvo Báez, que hizo su fortuna súbita en el ámbito privado, todos los demás condenados eran funcionarios al momento de los hechos. Y, como Cristina Kirchner, fueron inhabilitados de forma especial perpetua para ejercer cargos públicos. Así lo dice la Ley en la Argentina.

Cristina Kirchner quiere seguir siendo quien era a pesar de que, en el sentido político, ya no es lo que fue.