La Fiscalía General del Estado solicitó a la Corte Nacional de Justicia la vinculación de nueve personas adicionales dentro del caso Progen, una investigación por presunto peculado relacionada con la contratación de generadores eléctricos durante la crisis energética que atravesó Ecuador en 2024.

El pedido fue presentado por el fiscal general del Estado encargado, Carlos Alarcón. Según la Fiscalía, durante la etapa de instrucción fiscal surgieron nuevos elementos que permitirían presumir la participación de estas nueve personas en el presunto delito de peculado.

El caso Progen, también denominado caso Apagón por la Fiscalía, analiza los contratos suscritos entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y la empresa estadounidense Progen Industries LLC para la instalación de centrales de generación térmica en Quevedo y El Salitral.

Los contratos fueron suscritos en medio de la emergencia energética de 2024 y contemplaban la incorporación de generación eléctrica para enfrentar los problemas de abastecimiento que provocaron cortes de energía en distintas zonas del país. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que durante las fases precontractual, contractual y de ejecución se habrían cometido irregularidades.

De acuerdo con la información expuesta durante el proceso, el presunto perjuicio para el Estado supera los 100 millones de dólares y ha sido calculado en alrededor de USD 104 millones. La investigación sostiene que los equipos adquiridos no cumplieron con las condiciones esperadas y que los proyectos no alcanzaron el objetivo para el que fueron contratados.

La Fiscalía ya había formulado cargos contra 21 personas por presunto peculado. Entre los procesados están exfuncionarios vinculados al sector energético y representantes relacionados con la empresa contratista. En mayo de 2026, durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía señaló que los procesados habrían omitido o evadido procedimientos de contratación pública para favorecer a Progen, pese a que la compañía no habría cumplido con determinadas especificaciones técnicas y obligaciones contractuales.

La nueva solicitud de vinculación ocurre cuando está por concluir la instrucción fiscal. Esta etapa, que tiene una duración de 90 días, finalizará el 20 de agosto de 2026. Por ello, el pedido de la Fiscalía representa una de las últimas actuaciones para incorporar a nuevos sospechosos al proceso.

El caso también ha generado cuestionamientos de las defensas de algunos procesados, principalmente por diligencias pendientes y por la forma en que se han desarrollado determinadas versiones. Entre los asuntos que permanecen bajo discusión está la situación del exgerente de Celec, Fabián Calero, quien enfrenta una orden de prisión y ha buscado rendir una nueva versión de manera telemática.

Paralelamente, la Fiscalía ha continuado recopilando información financiera, técnica y documental relacionada con los contratos. La investigación busca determinar cómo se tomaron las decisiones durante el proceso de contratación, quiénes participaron y si existieron acciones destinadas a favorecer a la empresa contratista.

Con el cierre de la instrucción fiscal, el proceso entrará en una nueva etapa. La Corte Nacional de Justicia deberá convocar posteriormente a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, en la que se revisarán los elementos de convicción recopilados durante la investigación.

Será en esa fase donde se determinará qué personas continuarán vinculadas al proceso y si existen elementos suficientes para que la Fiscalía avance hacia una eventual etapa de juicio. La vinculación solicitada para estas nueve personas todavía debe ser analizada y resuelta por la autoridad judicial competente.

El caso Progen continúa así como una de las investigaciones de mayor impacto económico y político relacionadas con la crisis energética de Ecuador, debido al monto del presunto perjuicio y a la participación de funcionarios y exfuncionarios del sector público.

Fuente: Ecuavisa