El expresidente de Ecuador, Abdalá Bucaram Ortiz, y su hijo, Jacobo Bucaram, fueron sentenciados a 9 años y 4 meses de prisión por el delito de delincuencia organizada, relacionado con la comercialización irregular de pruebas para detectar covid-19 y otros insumos médicos durante la emergencia sanitaria de 2020.

El Tribunal determinó que ambos participaron en calidad de colaboradores dentro de la estructura investigada. Además de la pena de prisión, deberán pagar una multa equivalente a 20 salarios básicos unificados, es decir, USD 9.640. La sentencia fue emitida el miércoles 9 de septiembre, luego de que la lectura haya sido suspendida en seis ocasiones anteriores.

Abdalá Bucaram participó en la audiencia de manera telemática desde la Clínica Borja, en Guayaquil, donde permanece hospitalizado y bajo resguardo policial. Durante la diligencia, el exmandatario estuvo conectado desde una camilla y con asistencia respiratoria, acompañado por agentes policiales, sus abogados y familiares. Su hijo Jacobo Bucaram también intervino en la audiencia de manera virtual.

En este proceso también fueron sentenciados otros dos ciudadanos. Leandro Berrones recibió una condena de 13 años y 4 meses de prisión, al ser considerado autor directo del delito, mientras que el ciudadano israelí Sheinman Oren fue condenado a 2 años y 8 meses, luego de ser considerado cooperador eficaz.

La investigación se remonta a los primeros meses de la pandemia. La Fiscalía General del Estado sostuvo que, entre marzo y agosto de 2020, los procesados habrían colaborado con una estructura dedicada a obtener beneficios económicos mediante la comercialización de 21.000 pruebas para la detección de covid-19, además de otros insumos médicos.

Según la investigación fiscal, dos ciudadanos israelíes habrían movilizado las pruebas, bajo custodia de agentes de tránsito, hasta una vivienda vinculada al expresidente Bucaram. En ese lugar también se habrían almacenado mascarillas, lancetas y otros insumos utilizados durante la emergencia sanitaria.

La Fiscalía señaló además que Jacobo Bucaram habría pagado USD 321.600 en efectivo por esta mercadería. Este dato formó parte de los elementos presentados durante el juicio, a partir del testimonio entregado por uno de los ciudadanos extranjeros involucrados, quien posteriormente fue asesinado en la Penitenciaría del Litoral.

Otro de los elementos expuestos durante la investigación fue que algunos integrantes de la estructura habrían utilizado identidades falsas, haciéndose pasar por miembros del cuerpo diplomático y de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, para facilitar sus desplazamientos.

El juicio comenzó el 11 de abril de 2025, después de varios diferimientos registrados desde 2022. En total, alrededor de 50 personas, entre peritos y testigos, rindieron testimonio durante el proceso. Además, dos agentes de tránsito que habían trabajado como escoltas de seguridad presidencial ya habían recibido sentencias dentro de la misma causa, con penas reducidas tras aceptar los hechos imputados.

Con la sentencia emitida este 9 de septiembre, la justicia ecuatoriana establece responsabilidad penal para Abdalá y Jacobo Bucaram dentro de uno de los procesos derivados de presuntas irregularidades cometidas durante la emergencia sanitaria por covid-19.

Fuente: Ecuavisa