ponen mano dura en California y eliminan un programa para acusados de delitos

Gavin Newsom firmó una ley que modifica las reglas de desvío por salud mental para personas acusadas de delitos en California.

La medida da a los jueces más discreción para decidir si una persona puede acceder a tratamiento comunitario en lugar de seguir el proceso penal o permanecer detenida.

Según CalMatters, la nueva norma endurece el estándar que deben aplicar los tribunales al evaluar riesgos para la seguridad pública.

Desde 2018, California pedía a los jueces conceder desvío por salud mental en muchos delitos si un diagnóstico elegible era un factor significativo en la comisión del hecho y si la persona acusada no representaba un “riesgo irrazonable” para la seguridad pública.

La nueva ley cambia ese estándar. Ahora los jueces deberán considerar si permitir el tratamiento en la comunidad podría “poner en peligro la seguridad pública”, definido como aumentar la probabilidad de lesiones físicas o peligro grave para otras personas.

Newsom defendió la firma con el argumento de que tratamiento y responsabilidad deben ir juntos. En una declaración escrita, sostuvo que California preserva el desvío para quienes pueden beneficiarse, pero da a los jueces la discreción necesaria para proteger víctimas y comunidades.

Los programas de desvío permiten a acusados evitar encarcelamiento si reciben tratamiento. En algunos casos, completar el programa puede reducir o eliminar consecuencias penales, algo que defensores de derechos civiles consideran clave para personas con enfermedades mentales atrapadas en el sistema judicial.

La ley fue respaldada por sindicatos policiales y grupos de aplicación de la ley. Sus defensores sostienen que el sistema anterior podía obligar a jueces a conceder desvíos aun cuando tenían dudas sobre el riesgo del acusado. También citaron casos en los que personas liberadas bajo programas de desvío fueron arrestadas luego por delitos graves.

La autora del proyecto, la asambleísta demócrata Stephanie Nguyen, dijo que si un juez cree que el desvío no es apropiado no debería verse forzado a concederlo. Para sus defensores, el cambio corrige una rigidez del sistema.

Los opositores, en cambio, advierten que la norma puede limitar el acceso a tratamiento para personas que necesitan atención de salud mental. El Ella Baker Center for Human Rights calificó el cambio como un retroceso porque, según esa organización, elimina flexibilidad y puede reforzar desigualdades dentro del sistema penal.

CalMatters recordó que estos programas no están disponibles para personas acusadas de asesinato ni ciertos delitos sexuales. Eso significa que la disputa gira sobre delitos donde, hasta ahora, el tratamiento comunitario podía ser una alternativa viable.

La ley no elimina todos los desvíos por salud mental, pero sí hace más difícil acceder a ellos cuando el juez vea riesgo público. Para California, la pregunta será cómo equilibrar seguridad, atención clínica y una cárcel que muchas veces termina funcionando como sustituto del sistema de salud mental.