La Fiscalía General del Estado solicitó al Tribunal de Garantías Penales que emita cuanto antes su resolución dentro del caso Triple A, debido a que la prisión preventiva dictada contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, está próxima a caducar. La alerta fue planteada mientras el tribunal continúa deliberando sobre la situación jurídica de los 22 procesados por la presunta comercialización ilegal de combustibles.

La fiscal Ruth Amoroso pidió que se establezca, a la brevedad posible, el día y la hora para conocer la resolución del tribunal. El pedido se fundamenta en que la prisión preventiva de Álvarez tiene como fecha límite el 8 de septiembre de 2026, al cumplirse seis meses desde que se dictó esta medida en su contra dentro de esta causa.

La prisión preventiva fue ordenada luego de que el tribunal considerara que Álvarez incumplió una medida cautelar relacionada con el uso de un dispositivo de vigilancia electrónica. El caso Triple A investiga una presunta estructura dedicada a la comercialización y distribución irregular de combustibles, proceso en el que también están involucradas otras personas y empresas.

La legislación ecuatoriana establece límites para la duración de la prisión preventiva. En este proceso, debido a que el delito investigado tiene una pena máxima de hasta cinco años, el periodo de caducidad de la medida es inferior a un año. De acuerdo con la información difundida por Ecuavisa, esta caducidad se suspende cuando existe una sentencia.

La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), que participa en el proceso como acusadora particular, también expresó su preocupación por la falta de una resolución. La entidad considera que la ausencia de un pronunciamiento puede afectar el principio de celeridad procesal y solicitó conocer el estado actual de la causa.

El juicio ha tenido una duración considerable. Los jueces escucharon durante 19 días no consecutivos las pruebas de cargo y descargo presentadas por la Fiscalía, la ARCH y las defensas de los 22 procesados. Desde el 2 de agosto, el tribunal se encuentra en etapa de deliberación para determinar si existen responsabilidades penales en el caso.

El proceso también ha estado marcado por cuestionamientos relacionados con la duración de las audiencias y los pedidos de las partes. En mayo, la ARCH ya había advertido que eventuales retrasos podían llevar el proceso hasta septiembre, precisamente cuando estaba previsto que caducara la prisión preventiva de algunos procesados.

La situación judicial de Álvarez se desarrolla, además, en medio de otro proceso penal. El alcalde cumple prisión preventiva por el caso Goleada, una investigación distinta, relacionada con presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. Por ello, una eventual caducidad de la prisión preventiva dentro del caso Triple A no implicaría necesariamente su inmediata libertad si permanece vigente una medida de privación de libertad dentro de otra causa.

El caso Triple A mantiene así la atención sobre el límite temporal de la prisión preventiva y la obligación de los tribunales de resolver dentro de los plazos establecidos. La próxima decisión será determinante para conocer si los procesados reciben una sentencia y qué consecuencias jurídicas tendrá para cada uno de ellos.

Por ahora, el Tribunal de Garantías Penales continúa deliberando, mientras Fiscalía y ARCH esperan que se convoque oficialmente para conocer la resolución.

Fuente: Ecuavisa