La audiencia en la que estaba prevista la lectura de la sentencia contra el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, su hijo Jacobo Bucaram y otros dos procesados fue declarada fallida, luego de que se confirmara que el exmandatario permanece hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos. La diligencia estaba programada para las 17:00 del 26 de agosto, pero no pudo avanzar por la ausencia de Bucaram.

El expresidente había solicitado el diferimiento de la audiencia después de ser sometido a una intervención quirúrgica el martes 25 de agosto. Según el certificado médico presentado por su defensa, Bucaram ingresó de emergencia a una clínica debido a problemas cardíacos relacionados con un dispositivo que debía ser reemplazado. El documento señala como diagnóstico fibrilación y aleteo auricular y recomienda reposo durante el periodo posterior a la cirugía.

Ante la solicitud de la defensa, el Tribunal Penal suspendió temporalmente la diligencia y dispuso que integrantes del Bloque de Búsqueda de la Policía acudieran a la clínica para verificar personalmente el estado de salud del exmandatario y determinar si era posible su participación mediante una conexión telemática.

Sin embargo, el médico que atiende a Bucaram informó al Tribunal que el expresidente se encontraba en cuidados intensivos y que, debido a las condiciones de esa área, no estaba permitido el ingreso de policías ni de familiares. Con esta información, los jueces declararon fallida la audiencia y fijaron una nueva fecha para intentar realizar la diligencia.

La audiencia fue convocada nuevamente para el 31 de agosto de 2026, a las 17:00, además de establecerse otras fechas durante septiembre en caso de que sea necesario continuar con la diligencia.

El proceso judicial está relacionado con la presunta comercialización irregular de pruebas para detectar COVID-19 durante la pandemia. Bucaram y su hijo Jacobo son procesados por el presunto delito de delincuencia organizada, junto con Leandro Berrones, exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito, y el ciudadano israelí Sheinman Oren. La causa se inició formalmente en 2020 y lleva aproximadamente seis años en trámite.

Según la acusación, Jacobo Bucaram habría realizado pagos por alrededor de 361.000 dólares en efectivo relacionados con los insumos médicos, mientras que a Abdalá Bucaram se le atribuye el supuesto acopio de estos productos. Estas son imputaciones que deberán ser resueltas dentro del proceso judicial.

Uno de los aspectos que genera preocupación en torno al proceso es la cantidad de ocasiones en las que la lectura de la sentencia ha debido ser suspendida. La diligencia del 26 de agosto representó el cuarto intento fallido para conocer la resolución oral del Tribunal. De acuerdo con reportes judiciales, las reiteradas postergaciones también generan preocupación por el riesgo de que el proceso pueda llegar a extinguirse.

Mientras tanto, Jacobo Bucaram sí participó de manera telemática en la audiencia del 26 de agosto. La situación de su padre, sin embargo, impidió que el Tribunal pudiera concretar la lectura de la sentencia.

Ahora, la atención se concentra en la nueva convocatoria del 31 de agosto. Para entonces, la condición médica de Abdalá Bucaram será nuevamente un factor determinante para establecer si finalmente puede realizarse la audiencia y conocerse la decisión judicial sobre un proceso que permanece abierto desde la emergencia sanitaria por la COVID-19.

Fuente: Ecuavisa